La pandemia de COVID-19 y el gran desastre natural de 2020 se convirtieron en puntos de inflexión para la sociedad turcomana. Estos acontecimientos llevaron, por primera vez, a decenas de miles de ciudadanos a unirse en torno a demandas comunes: transparencia, rendición de cuentas del Estado y protección de los derechos de las víctimas. Sin embargo, esta nueva sociedad civil no se forma dentro del país, sino fuera de él, donde los turcomanos pueden hablar abiertamente y documentar las violaciones. Incluso en el extranjero, los activistas enfrentan amenazas de deportación y persecución, mientras que Turquía y Rusia, estrechamente vinculadas con Asjabad, continúan entregando opositores a los servicios de seguridad turcomanos.
La protesta de Washington y el caso de Merdán Mujammedov
A finales de julio, un grupo de activistas turcomanos se manifestó frente a la embajada de Turquía en Washington para protestar contra la deportación de opositores. El detonante fue la detención de Merdán Mujammedov, miembro de 32 años del movimiento HSM-Turkmenistan, convocado por la policía turca con el pretexto de resolver un asunto doméstico, luego trasladado a un centro de deportación y expulsado a Turkmenistán.
En su país, enfrenta cargos de espionaje, extremismo y amenazas a la seguridad nacional. Según defensores de derechos humanos, fue sometido a interrogatorios con claros signos de golpes.
Los activistas destacan que Mujammedov investigaba corrupción, criticaba al régimen y documentaba casos de violencia en cárceles turcomanas. Las acusaciones formuladas por Turkmenistán responden a un patrón político típico y pueden resultar en hasta 25 años de prisión.
El sistema autoritario y su influencia en la diáspora
Turkmenistán sigue siendo uno de los países más cerrados y represivos de Eurasia. El poder ha estado concentrado en la familia Berdymujamédov durante más de 17 años, y cualquier forma independiente de actividad pública es considerada una amenaza. En este contexto, la diáspora turcomana está sometida a una presión particular: muchos activistas en el extranjero sufren persecución mediante mecanismos de cooperación internacional.
Según miembros del movimiento, los servicios de seguridad turcomanos utilizan activamente sus vínculos con Turquía y Rusia para solicitar la entrega de opositores. El pretexto oficial es la violación de normas migratorias, pero el objetivo real es la represión política.
Cómo nació la nueva ola de oposición turcomana
El aumento del descontento comenzó en 2020, cuando un devastador huracán golpeó Turkmenabat. Fuentes independientes informaron de fallecidos, pero las autoridades optaron por ocultar la tragedia y no prestaron ayuda a los afectados. Paralelamente, la pandemia de COVID-19 provocó el cierre estricto de fronteras, impidiendo que muchos migrantes regresaran a sus familias.
El silencio oficial ante la catástrofe fue un punto de inflexión. Los turcomanos comenzaron a publicar videos criticando al gobierno — al principio ocultando sus rostros, luego cada vez con mayor frecuencia mostrando su identidad. Las protestas se extendieron rápidamente por las redes sociales, a pesar de su bloqueo dentro del país.
Incluso dentro de Turkmenistán se produjeron manifestaciones espontáneas: en Turkmenabat, más de mil residentes realizaron una protesta sentada. La respuesta de las autoridades fueron detenciones, procesos penales y represiones por publicar en internet imágenes de los destrozos.
Turquía: detenciones, redadas y deportaciones
Desde 2020, las autoridades turcas han intensificado el control sobre los migrantes turcomanos, muchos de los cuales vivían con documentos vencidos — a menudo por razones ajenas a ellos (los consulados turcomanos rara vez renuevan pasaportes a opositores).
Según activistas, en 2022 defensores de derechos humanos obtuvieron una lista de 25 turcomanos amenazados con extradición. Desde entonces, al menos siete han sido deportados a Turkmenistán, entre ellos:
• Merdán Mujammedov — perseguido por crítica política
• Farjad Meimankuliýev — condenado a una larga pena tras su regreso
• Yumasápar Dadebáyev — encarcelado en Uzbekistán después de su deportación
• Imánov, Klichov y Baimurádov — expulsados como “migrantes ilegales”
Los activistas también han documentado ataques contra opositores en Turquía y filtraciones de datos personales desde las autoridades migratorias hacia estructuras turcas y turcomanas.
Rusia: desapariciones y retornos forzados
Rusia también participa en la entrega de activistas turcomanos. Los casos más conocidos incluyen:
• Azat Isakov — desaparecido en 2021 tras una visita policial; las autoridades rusas afirmaron que “voló por voluntad propia” a Turkmenistán, pese a no tener un pasaporte válido
• Malykberdi Allamyrádov — estudiante detenido en diciembre de 2023 tras una protesta individual; según la oposición, fue trasladado y condenado en secreto en Turkmenistán
Las relaciones estratégicamente estrechas entre Moscú y Asjabad generan riesgos significativos para los activistas que buscan asilo.
Torturas y «desapariciones forzadas»
Turkmenistán emplea sistemáticamente los métodos más duros para reprimir la disidencia. Durante décadas, las organizaciones de derechos humanos han documentado:
• largas penas basadas en cargos fabricados
• torturas y malos tratos en prisiones
• “aislamiento total” de presos políticos — una práctica conocida como desaparición forzada
Según la campaña «¡Muéstrenlos vivos!», en los últimos 20 años, 162 reclusos han sido sometidos a este aislamiento, al menos 29 han muerto y el destino de muchos sigue siendo desconocido.
La elección personal de los activistas: huir o enfrentar la deportación
El opositor Nurmujammet Anáyev abandonó Turquía tras múltiples registros, agresiones y amenazas, y ahora intenta obtener asilo en Europa. Su historia es típica de muchos activistas turcomanos obligados a buscar seguridad fuera de los países que cooperan con Asjabad.
Conclusión del ARGA Observatory
La experiencia de la diáspora turcomana demuestra un grave problema: incluso después de abandonar el país, los activistas siguen siendo vulnerables debido a la presión transfronteriza ejercida por regímenes autoritarios y la disposición de algunos Estados a satisfacer las solicitudes de los servicios de seguridad turcomanos.
La nueva ola de activismo cívico, surgida a raíz de una catástrofe natural y de la pandemia, muestra la creciente necesidad de la población turcomana de transparencia, rendición de cuentas y protección de los derechos humanos. Sin embargo, sin la atención internacional y sin mecanismos que garanticen la seguridad de los disidentes, estas voces continúan estando en riesgo.