En los últimos años, la atención de los reguladores internacionales, las instituciones financieras y las comunidades de cumplimiento se ha desplazado cada vez más hacia África. Este cambio no está motivado por consignas políticas ni por simpatías geopolíticas, sino por cuestiones de derecho, riesgo y arquitectura financiera global.
Las jurisdicciones africanas se encuentran hoy en el centro de atención de:
— el GAFI (FATF) y los organismos regionales de lucha contra el blanqueo de capitales,
— los regímenes de sanciones de la UE, Estados Unidos y la ONU,
— los bancos internacionales, las corporaciones energéticas y de telecomunicaciones,
— la agenda ESG, los derechos humanos y la diligencia debida en las cadenas de suministro.
No se trata de una “periferia”, sino de un espacio en el que actualmente se están configurando nuevos estándares de cumplimiento, verificación del origen de los fondos, evaluación de riesgos políticos y responsabilidad empresarial.
Un ejemplo claro es Kenia.
A pesar de los estereotipos comunes sobre África, Kenia es uno de los principales centros jurídicos y financieros de África Oriental, y mantiene una interacción activa con reguladores internacionales, instituciones financieras y estructuras de cumplimiento. Es precisamente allí donde hoy se debaten cuestiones como:
— la salida de la Grey List del GAFI,
— la aplicación de los regímenes de sanciones (OFAC, OFSI, UE, ONU),
— el equilibrio entre la aplicación de la ley, el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos.
En este contexto, resulta especialmente significativo que mis colegas y yo hayamos sido invitados a participar en una conferencia internacional cerrada de alto nivel dedicada a sanciones, AML, políticas anticorrupción y ética. El formato del evento contempló un número limitado de participantes, la aplicación de la Regla de Chatham House y debates profesionales francos entre representantes de bancos, corporaciones, responsables de cumplimiento y abogados.
Decidimos conscientemente no publicar los detalles ni los documentos en su totalidad, ya que este tipo de formatos no están orientados a la visibilidad pública, sino al contenido y al trabajo en profundidad. Sin embargo, el propio hecho de la invitación refleja una tendencia importante: la agenda jurídica y de cumplimiento internacional está yendo cada vez más allá de Europa y Estados Unidos, y África se está convirtiendo en uno de los puntos clave donde se forman nuevas prácticas.
Para nosotros, no se trata de una cuestión de estatus ni de geografía. Es la confirmación de que los temas de sanciones, el uso indebido de los mecanismos AML y la protección de los derechos humanos y de los activos se abordan hoy dentro de un marco verdaderamente global, y no dentro de un solo país o sistema jurídico.
Seguimos trabajando con esta lógica: de manera serena, institucional y con una visión a largo plazo.