Este informe analiza la intersección de las investigaciones de criptomonedas y los procedimientos de asilo. La investigación revela cómo los estados utilizan cargos económicos en el ámbito de los activos digitales para encubrir la persecución política y económica de personas que buscan protección internacional. El autor analiza el papel de INTERPOL, los mecanismos de extradición y el principio de non-refoulement en el contexto de los casos cripto, señalando el riesgo de «ceguera humanitaria» de las autoridades migratorias ante acusaciones técnicamente complejas. Se presta especial atención a las estrategias de defensa orientadas a refutar la atribución errónea de billeteras y demostrar la naturaleza instrumental de la criminalización, cuyo objetivo suele ser el bloqueo extrajudicial de activos y la presión sobre los beneficiarios en lugar de la justicia.
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