Este informe analiza de forma sistemática la valoración jurídica de las pruebas en asuntos transfronterizos, demostrando por qué los materiales obtenidos a través de canales de cooperación internacional no pueden considerarse automáticamente admisibles y fiables. Se examinan los principales mecanismos internacionales de obtención y transmisión de pruebas: el Convenio de La Haya de 1970 para asuntos civiles y comerciales, la asistencia judicial mutua en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la orden europea de investigación en la UE y el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest para pruebas electrónicas. Se analizan en detalle los criterios clave de valoración: legalidad de la obtención, procedencia, integridad, exhaustividad, divulgación, posibilidad de impugnación, traducción y uso paralelo en múltiples jurisdicciones. Se presta especial atención a las garantías procesales de la defensa — igualdad de armas, principio de contradicción, acceso a originales y metadatos, derecho a la contrapericia — en el contexto del artículo 14 del PIDCP y los estándares del ACNUDH sobre juicio justo. El autor propone un modelo práctico de defensa basado en la cartografía forense de la cadena probatoria y en el desplazamiento del litigio del contenido de la prueba hacia su recorrido e integridad procesal.