Este informe de Observatoire ARGA y ARGA Atlas analiza cómo las sanciones internacionales, los procedimientos de cumplimiento, las decisiones internas de bancos y plataformas, y las evaluaciones algorítmicas de riesgo afectan los derechos de personas físicas y jurídicas. Se centra en situaciones en las que las medidas restrictivas provocan congelación de activos, denegación de servicios, cierre de cuentas, daños reputacionales y limitaciones al derecho a una protección jurídica efectiva.

Los autores muestran que las consecuencias negativas pueden surgir incluso sin una inclusión formal en una lista de sanciones. Bancos, sistemas de pago, corredores, aseguradoras, plataformas de criptoactivos y proveedores de análisis adoptan cada vez más decisiones independientes basadas en un enfoque orientado al riesgo. Aunque estas decisiones son formalmente privadas, sus efectos prácticos pueden ser comparables a restricciones estatales del derecho de propiedad y de la libertad de actividad económica.

El informe identifica riesgos clave: opacidad de las decisiones de cumplimiento, uso de datos erróneos u obsoletos, propagación automática de perfiles de riesgo negativos, prácticas de de-risking y persistencia de restricciones después de resolver el problema inicial. Se presta especial atención a las garantías procesales mínimas: caracterización clara de la medida, motivación mínima, derecho a presentar explicaciones y pruebas, verificación humana, proporcionalidad, revisión interna y corrección de datos.

La conclusión central del informe es que las sanciones y el cumplimiento ya no pueden considerarse un ámbito puramente técnico del control financiero. Requieren una estrategia de defensa jurídica propia, orientada no solo a impugnar restricciones, sino también a restablecer el acceso a la infraestructura financiera, corregir perfiles de riesgo y abordar las consecuencias reputacionales.