Este informe de Observatoire ARGA y ARGA Atlas analiza los mecanismos de cooperación policial internacional a través de INTERPOL y los riesgos que generan para la libertad, la reputación, el derecho de asilo, el acceso a la infraestructura financiera y los intereses legítimos de personas físicas y jurídicas.

Los autores muestran que las notificaciones rojas, las difusiones y otras formas de intercambio de datos pueden producir consecuencias inmediatas y graves: detención al cruzar una frontera, arresto provisional, restricciones de viaje, denegación de visados, controles bancarios, cierre de cuentas y daño reputacional. Estas consecuencias suelen surgir antes de que un órgano independiente evalúe la legalidad y la validez de la solicitud original.

El informe presta especial atención a las situaciones en las que los mecanismos de búsqueda internacional se utilizan no para una cooperación penal de buena fe, sino como instrumentos de presión política, corporativa o patrimonial. En estos casos, un proceso penal nacional se convierte en una fuente de riesgo transfronterizo, mientras que los canales de INTERPOL pueden amplificar las consecuencias de una persecución discutible o abusiva.

La conclusión central del informe es que la defensa en casos relacionados con INTERPOL debe considerarse un ámbito jurídico autónomo. Una estrategia eficaz requiere analizar la calidad del proceso penal nacional, preparar solicitudes ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL, coordinarse con los procedimientos de extradición y asilo, y trabajar posteriormente en la restauración del estatus jurídico, financiero y reputacional.