El informe analítico «Riesgos penales asociados a la ejecución de contratos públicos en la Federación de Rusia (2020–2025)» está dedicado a un análisis sistemático de las prácticas de persecución penal en las que la ejecución de contratos estatales y cuasiestatales en Rusia se convierte cada vez más en una fuente de elevados riesgos penales para los participantes en la actividad económica.

El estudio se centra en un desplazamiento estructural y sostenido hacia la criminalización de relaciones que, por su naturaleza jurídica, pertenecen al ámbito del derecho civil, presupuestario o administrativo. El informe identifica un modelo reproducible en el que decisiones de gestión, controversias comerciales, dificultades técnicas y desviaciones financieras surgidas durante la ejecución de contratos públicos se trasladan de forma sistemática al plano de la persecución penal, a menudo sin que se demuestre la existencia de dolo, enriquecimiento personal o un daño real a los intereses públicos.

El informe parte del principio de que, en los sistemas jurídicos basados en la seguridad jurídica y en la separación de los regímenes de responsabilidad, el derecho penal debe actuar como un recurso de última instancia, aplicable únicamente en casos de fraude probado, colusión corrupta, malversación u otros delitos intencionales. Sin embargo, en la práctica rusa del período 2020–2025 se observa la tendencia contraria: los instrumentos del derecho penal se utilizan cada vez más como una respuesta universal a los riesgos económicos y a los fallos de gestión en el ámbito de la contratación pública.

El informe analiza en detalle los mecanismos institucionales y procesales que sustentan esta transformación. Se presta especial atención al papel de los órganos de control, las autoridades de investigación y las estructuras periciales, cuyas conclusiones y cálculos adquieren con frecuencia un carácter determinante en la calificación penal. Al mismo tiempo, la prioridad otorgada a indicadores formales de perjuicio y a inconsistencias documentales tiende a sustituir el análisis de las circunstancias fácticas, la lógica económica y el contexto real de las decisiones adoptadas.

Sobre la base de datos estadísticos y del examen de casos penales concretos, el informe constata un aumento constante del número de procesos relacionados con contratos públicos, acompañado de una tasa extremadamente baja de absoluciones. Esta dinámica se correlaciona principalmente con la expansión del volumen de la contratación pública, el incremento de la financiación presupuestaria y el refuerzo de las funciones de control, y no con un aumento de delitos con motivación lucrativa efectivamente probados. La mayor concentración de causas penales se observa en sectores estratégicamente sensibles, como los proyectos de infraestructuras, la construcción, el complejo militar-industrial, la sanidad y los programas digitales y tecnológicos.

Una sección independiente del informe está dedicada a la contratación pública de defensa, analizada como la manifestación más concentrada e institucionalmente consolidada del modelo de criminalización descrito. En este ámbito se observa una reducción de los estándares probatorios, una interpretación extensiva de los tipos penales y restricciones significativas a las garantías procesales de la defensa, derivadas en gran medida de los regímenes de secreto y del carácter cerrado de los expedientes. Como resultado, la participación en programas de defensa y otros proyectos estratégicos implica de facto la aceptación de riesgos penales desproporcionados.

El informe presta asimismo especial atención a la ampliación del círculo de personas sometidas a persecución penal. La responsabilidad penal se extiende cada vez más allá de quienes adoptaron formalmente decisiones de gestión clave, para incluir a fundadores, beneficiarios efectivos, empleados ordinarios, contratistas y subcontratistas, así como, en algunos casos, a personas mencionadas únicamente en las declaraciones de terceros. Esta práctica debilita el principio de culpabilidad personal y confiere a la responsabilidad penal un carácter cuasi colectivo.

Se analizan en detalle las características procesales propias de esta categoría de casos, entre ellas la apertura temprana de procedimientos penales antes de agotarse las vías civiles o administrativas, el acceso limitado de la defensa a los materiales del expediente, la primacía de los testimonios de testigos y coimputados sobre las pruebas documentales y económicas, así como el uso amplio de medidas coercitivas procesales. En conjunto, estos elementos configuran un modelo acusatorio orientado a confirmar la versión inicial de la investigación, más que a establecer la verdad fáctica.

El informe identifica además una tipología estable de calificaciones penales utilizadas con mayor frecuencia en el contexto de la ejecución de contratos públicos. Entre ellas se encuentran el fraude, la malversación y la apropiación indebida, el abuso y exceso de poder, la falsedad documental y la negligencia. El análisis demuestra que estas construcciones jurídicas se emplean a menudo como herramientas universales para la criminalización de la actividad económica, con independencia de su naturaleza económica real.

Sobre la base de los patrones identificados, el informe desarrolla un modelo analítico de riesgos destinado a la evaluación preliminar de los riesgos penales asociados a la participación en proyectos públicos y cuasi públicos. Este modelo puede utilizarse en el marco de análisis de cumplimiento normativo, auditorías jurídicas y evaluaciones de riesgos transfronterizos, incluidos escenarios de cooperación internacional, extradición y asistencia judicial mutua.

Las conclusiones del informe revisten una importancia particular en el contexto internacional. Las prácticas de persecución penal identificadas plantean serias dudas sobre la fiabilidad de las acusaciones formuladas en el marco de solicitudes de cooperación judicial internacional, extradición, búsquedas internacionales y medidas de incautación de activos. Una calificación penal meramente formal, no respaldada por pruebas de intención y enriquecimiento personal, exige un mayor nivel de escrutinio crítico por parte de jurisdicciones extranjeras e instituciones internacionales.

El informe no tiene por objeto evaluar la culpabilidad o inocencia de personas concretas ni revisar casos penales individuales. Su finalidad es identificar mecanismos institucionales, tendencias en la práctica represiva y riesgos estructurales que generan un entorno de elevada incertidumbre penal en el ámbito de la contratación pública. Las conclusiones están destinadas a su utilización en trabajos analíticos, periciales y de defensa de los derechos humanos, así como a informar a autoridades judiciales y organismos de supervisión internacionales encargados de evaluar la calidad de la persecución penal y su conformidad con los estándares internacionales.