La eliminación de datos del Sistema de Información de INTERPOL constituye un resultado jurídico importante, pero no significa automáticamente que toda la información relacionada desaparezca de las bases policiales nacionales, del Sistema de Información de Schengen (SIS) o de otros sistemas. Este informe analítico internacional del Observatoire ARGA estudia qué ocurre después de la eliminación de datos de INTERPOL y qué mecanismos jurídicos pueden utilizarse para abordar las consecuencias que aún permanezcan.

El informe distingue cuatro situaciones principales: una copia desactualizada de un estatus internacional ya eliminado; una medida nacional independiente, como una orden vigente; un registro histórico conservado con una finalidad limitada; y la identificación errónea de una persona. Cada situación requiere una verificación independiente y puede exigir diferentes recursos legales.

Se presta especial atención a la comunicación entre INTERPOL y las autoridades nacionales. Tras la eliminación de una notificación roja u otros datos, los Estados reciben información sobre la necesidad de actualizar sus registros. Sin embargo, la confirmación del envío de esa notificación no demuestra por sí sola que todos los sistemas nacionales hayan sido actualizados. Por ello, resulta fundamental determinar mediante documentos qué información permanece, cuál es su fundamento jurídico y si todavía puede provocar una detención u otras medidas.

El informe dedica secciones específicas al SIS, al tratamiento nacional de datos con fines policiales en la Unión Europea, a Europol y a los procedimientos existentes en Francia y Alemania. También analiza los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento, las posibilidades de control administrativo y judicial y las implicaciones de la sentencia WS contra Alemania del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

ARGA propone analizar cada sistema por separado y evitar afirmaciones demasiado amplias, como sostener que una persona “ya no es buscada en ningún lugar del mundo”. Una decisión de la CCF puede constituir una prueba importante para una protección jurídica posterior, pero la situación de las órdenes nacionales, las alertas del SIS y otros registros debe verificarse de manera independiente.

La conclusión principal del informe es que la protección jurídica no necesariamente termina cuando INTERPOL elimina los datos. El siguiente paso consiste en determinar qué información permanece en otros sistemas, si su uso continúa siendo legal y qué medidas concretas son necesarias para rectificarla, eliminarla o limitar su tratamiento.