El informe analiza los riesgos de detención durante viajes internacionales y escalas cuando una persona está vinculada a información de búsqueda internacional, una solicitud de extradición o una decisión previa de protección. La idea central es que la residencia legal, un documento de viaje válido, el estatus de refugiado, una negativa anterior de extradición o la eliminación de datos de INTERPOL no impiden necesariamente una nueva restricción de libertad en otra jurisdicción. La información internacional, la medida nacional de detención y la decisión final sobre la entrega pertenecen a procedimientos jurídicos distintos.

El estudio presta especial atención a las Red Notices y a las diffusions de INTERPOL. Se analizan como mecanismos de cooperación internacional y no como órdenes internacionales de detención con efecto automático. Su consecuencia práctica depende del derecho nacional. El informe también destaca los límites de las búsquedas públicas en INTERPOL: que una persona no aparezca en la base abierta no demuestra que no exista una anotación no pública o una medida nacional independiente.

Los casos Amuur, Shiksaitov, WS, Petruhhin, I.N. y Generalstaatsanwaltschaft Hamm sirven para examinar cuestiones fundamentales como la jurisdicción estatal dentro de las zonas internacionales de los aeropuertos, la duración de la detención con fines de extradición, el efecto transfronterizo del estatus de refugiado, el principio ne bis in idem, la importancia de la nacionalidad y las consecuencias de una negativa anterior de extradición. El informe explica por qué una decisión favorable en un país no debe interpretarse automáticamente como inmunidad general frente a detenciones o procedimientos de extradición en otros Estados.

La parte práctica se centra en las primeras actuaciones tras la detención. Deben establecerse inmediatamente la ubicación de la persona, la autoridad responsable, la hora en que comenzó la restricción, el número del procedimiento y su fundamento jurídico. También resultan prioritarios el acceso a representación local, los documentos procesales y las decisiones que acreditan la protección existente. El informe distingue además entre los procedimientos ante la CCF de INTERPOL, los recursos nacionales, las medidas urgentes, los procedimientos migratorios y el riesgo de una posterior transferencia a un tercer Estado.

El enfoque de ARGA consiste en analizar el itinerario como una sucesión de jurisdicciones y procedimientos. En cada etapa relevante deben identificarse el mecanismo internacional aplicable, la autoridad nacional competente y los documentos capaces de modificar la situación jurídica. La conclusión principal es que una protección efectiva no debe basarse en la expectativa de que una determinada escala pase sin incidentes, sino en un estatus jurídico confirmado, decisiones motivadas accesibles, una identificación precisa y el uso oportuno de los mecanismos procesales adecuados.