Este informe presenta un estudio integral de los riesgos derivados del uso de herramientas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo como palancas de presión económica y política. Se analiza la realidad de la región latinoamericana, donde la combinación de estándares globales de cumplimiento y factores políticos locales genera vulnerabilidades únicas para el sistema financiero.

El trabajo se centra en los patrones destructivos del uso de los procedimientos de cumplimiento. En un entorno de automatización bancaria total, incluso las señales de riesgo no confirmadas o las menciones negativas en los medios pueden activar un mecanismo de escalada que conduce al bloqueo de cuentas y al de-banking. Esto crea un efecto de cumplimiento defensivo, en el que las instituciones financieras prefieren dejar de atender a los clientes ante la mínima sospecha para evitar sanciones regulatorias.

El informe analiza detalladamente los efectos secundarios de tales abusos: el deterioro del clima de inversión, la restricción del acceso a los servicios bancarios y el daño reputacional a largo plazo. Una sección fundamental está dedicada a las salvaguardias. Se propone la implementación de listas de verificación estructurales para validar las fuentes de riesgo y el fortalecimiento de la pericia regional para distinguir las amenazas criminales reales de los casos de presión artificial.