Este informe analiza la práctica sistémica de convertir disputas comerciales en casos penales, donde las criptomonedas sirven como herramienta para criminalizar decisiones gerenciales. La investigación revela mecanismos para utilizar recursos policiales para tomar el control de activos, congelar billeteras cripto y cambiar por la fuerza el equilibrio de poder en conflictos empresariales. El autor detalla las calificaciones típicas de los cargos, el papel de los reguladores como puntos de presión y el impacto negativo de tales prácticas en el clima de inversión y los derechos humanos. Se presta especial atención a la degradación del gobierno corporativo en entornos donde los procesos penales reemplazan al arbitraje, convirtiéndose en un medio de redistribución extrajudicial de la propiedad.
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