Este informe presenta un análisis crítico de los modelos legales e institucionales para la incautación de activos digitales en la práctica internacional. La investigación expone una brecha significativa entre la narrativa pública de la «recuperación exitosa de fondos» y las estadísticas reales de restitución para los afectados. El autor detalla la sustitución de conceptos en la que la confiscación de activos para el ingreso estatal domina sobre las tareas de restauración de los derechos de las víctimas de delitos. Se presta especial atención al papel de las plataformas privadas como operadores de incautación de facto, los incentivos político-económicos de las agencias estatales y el problema de la competencia entre estados por los fondos confiscados. El informe revela barreras sistémicas que convierten a los criptoactivos en un objeto conveniente para la recaudación fiscal, excluyendo a menudo la compensación real de daños para las víctimas.