Este informe analiza la transformación de los mecanismos clásicos de nacionalización en la economía digital y bajo la presión de las sanciones. La investigación revela cómo los estados adaptan las herramientas legales para incautar criptoactivos, utilizando regímenes de sanciones, procedimientos penales y administrativos como mecanismos de cuasi-nacionalización de la propiedad. El autor detalla el papel de las infraestructuras privadas —exchanges y emisores de stablecoins— como ejecutores de facto de las decisiones estatales sobre el bloqueo y la redistribución de fondos. Se presta especial atención a la vulnerabilidad de la propiedad «extrajurisdiccional» frente a los conflictos geopolíticos y la necesidad de considerar las consecuencias humanitarias al aplicar restricciones financieras masivas que socavan la certeza legal y la protección de los inversores privados.
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