Este informe de Observatoire ARGA y ARGA Atlas analiza cómo la regulación de los criptoactivos, los requisitos de divulgación de información y las normas contra el abuso de mercado se están convirtiendo no solo en cuestiones de supervisión financiera, sino también en un ámbito autónomo de protección jurídica. Se presta especial atención al Reglamento (UE) 2023/1114 sobre los mercados de criptoactivos — MiCA — y a los riesgos jurídicos que enfrentan emisores, proveedores de servicios, inversores, titulares de tokens y partes involucradas en disputas transfronterizas.

Los autores muestran que, en el nuevo entorno regulatorio, adquieren relevancia jurídica no solo los indicadores financieros, sino también los documentos informativos sobre criptoactivos, las comunicaciones de marketing, los informes técnicos, los datos de blockchain, la información sobre reservas, las estructuras de gobernanza y los patrones de negociación. Los errores, omisiones o interpretaciones unilaterales de estos datos pueden dar lugar a la denegación de listing, la exclusión de un token de una plataforma, restricciones de operaciones, investigaciones regulatorias, responsabilidad civil, riesgos penales y daños reputacionales.

El informe identifica riesgos clave: aceptación formal de datos digitales como prueba objetiva, divulgación incompleta, interpretación amplia de las normas sobre manipulación de mercado, concentración de poder en plataformas y proveedores de análisis, difusión transfronteriza de información negativa y persistencia de un perfil desfavorable incluso después de corregir los problemas iniciales.

La conclusión central del informe es que la regulación del mercado de criptoactivos requiere no solo conocer las normas MiCA, sino también evaluar críticamente las pruebas digitales, los informes técnicos, la conducta de mercado y la proporcionalidad de las restricciones. Una defensa eficaz debe combinar regulación financiera, análisis tecnológico, garantías procesales y estándares internacionales de derechos humanos.