Este informe de Observatoire ARGA y ARGA Atlas analiza los riesgos jurídicos y prácticos derivados del uso de stablecoins y otros activos digitales en un contexto de creciente regulación de sanciones, controles de cumplimiento e intercambio internacional de información. Se centra en situaciones en las que las decisiones de emisores de stablecoins, plataformas de criptoactivos, proveedores de custodia y autoridades públicas provocan congelación de activos, restricciones de acceso a fondos y pérdidas patrimoniales significativas.

Los autores muestran que los stablecoins no son un instrumento completamente autónomo de libertad financiera. Muchos son emitidos por entidades centralizadas que conservan la capacidad técnica de congelar tokens, bloquear direcciones, cumplir requisitos regulatorios y aplicar sus propias reglas de evaluación de riesgos. Un usuario puede mantener tokens en una billetera, pero la posibilidad real de utilizarlos depende de condiciones contractuales, normas de sanciones, análisis de blockchain y procedimientos internos de cumplimiento.

El informe identifica riesgos clave: percepción errónea de los stablecoins como activos no controlables, concentración de poder en empresas privadas, opacidad de las evaluaciones algorítmicas de riesgo, restricciones vinculadas a sanciones sin inclusión formal en una lista, confusión entre fundamentos técnicos y jurídicos de bloqueo, incertidumbre transfronteriza y persistencia de un perfil de cumplimiento negativo después del levantamiento de restricciones.

La conclusión central del informe es que los stablecoins deben tratarse como activos patrimoniales regulados, no como una forma de capital plenamente autónoma. La protección eficaz de los titulares de activos digitales exige analizar la jurisdicción, las condiciones contractuales, los riesgos de sanciones, el origen de los fondos, los datos técnicos, los procedimientos de bloqueo y los estándares internacionales de protección del derecho de propiedad.