El informe D-15 analiza el de-risking —la negativa o terminación de relaciones y operaciones financieras debido a determinados riesgos— en relación con las personas políticamente expuestas (PEP). El estudio se centra principalmente en la Unión Europea y el Reino Unido, utilizando además el derecho francés a una cuenta bancaria como ejemplo nacional.

La idea central del informe es que la condición de PEP no implica por sí misma corrupción, blanqueo de capitales, sanciones ni actividad delictiva. Esta clasificación activa obligaciones especiales de diligencia y gestión del riesgo. Por ello, utilizarla automáticamente como motivo para rechazar a un cliente sustituye la evaluación individual por la exclusión de toda una categoría. Al mismo tiempo, la ausencia de una prohibición general de prestar servicios a una PEP tampoco crea un derecho incondicional a cualquier producto financiero. Una negativa puede estar justificada cuando no es posible completar las verificaciones obligatorias o gestionar legalmente un riesgo concreto.

El informe distingue tres elementos fundamentales: la base jurídica de la intervención, la causa factual del riesgo y la medida finalmente adoptada. La necesidad de aclarar una transferencia internacional, por ejemplo, no justifica automáticamente el cierre de una cuenta utilizada para operaciones cotidianas. Del mismo modo, el elevado coste del compliance puede influir en una decisión comercial, pero no equivale a una prohibición jurídica.

El estudio presta especial atención a antiguos PEP, familiares y personas estrechamente vinculadas, estructuras corporativas, source of wealth y source of funds, bases comerciales de screening y modelos automatizados de evaluación. La exactitud y actualización de los datos son fundamentales: una antigua función pública puede seguir siendo relevante, pero no debería presentarse indefinidamente como una función actual. Corregir un perfil PEP erróneo tampoco obliga necesariamente al banco a restablecer el servicio si existen otros motivos independientes y legítimos.

En la UE, el análisis incluye además el derecho de los consumidores a una cuenta de pago con funciones básicas. Francia ofrece un ejemplo específico mediante el procedimiento de designación de un banco por la Banque de France. En el Reino Unido, el informe analiza las normas vigentes desde el 28 de abril de 2026, incluidas las nuevas disposiciones relativas al preaviso y a la explicación de las razones para terminar determinados contratos de pago.

La conclusión es que la inclusión financiera y una gestión eficaz del riesgo no son objetivos incompatibles. Una decisión jurídicamente sólida debe seguir una secuencia clara: hechos fiables, norma aplicable, evaluación individual, medida proporcionada y posibilidad efectiva de revisión. De este modo, es posible mantener controles AML eficaces sin convertir el ejercicio de una función pública o una relación familiar en una causa permanente de exclusión financiera.