El informe D-14 analiza las garantías procesales disponibles para las personas físicas y jurídicas sometidas a sanciones individuales en la Unión Europea, el Reino Unido y el sistema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El estudio examina la notificación, la motivación de las decisiones, el acceso a los materiales, el derecho a ser oído, las pruebas confidenciales, el control independiente y la ejecución de decisiones favorables.

La conclusión principal es que la mera existencia de un mecanismo formal de reclamación no equivale a una protección jurídica efectiva. La persona afectada debe poder comprender qué decisión se ha adoptado, en qué hechos se basa, cómo puede impugnarlos y qué órgano independiente puede revisar la actuación de la autoridad. El informe también distingue claramente entre confidencialidad y fiabilidad: una información protegida puede seguir siendo incompleta, obsoleta o haber sido atribuida erróneamente a una persona.

En la Unión Europea adquieren especial importancia la motivación individual de la medida y el control judicial de su base factual. El asunto Kadi II muestra que, cuando se impugnan los motivos desfavorables, corresponde a la autoridad competente justificarlos, y no simplemente exigir al afectado que demuestre su inexistencia. En el Reino Unido, el sistema combina la revisión administrativa prevista por SAMLA, el judicial review y procedimientos especiales para materiales confidenciales, incluida la participación de un special advocate.

El informe analiza por separado los mecanismos de las Naciones Unidas, distinguiendo entre el Ombudsperson para la lista de EIIL y Al-Qaida y el Focal Point for Delisting para otras listas pertinentes del Consejo de Seguridad. Se presta especial atención a la reforma del Focal Point y al inicio de funciones de la nueva Coordinadora el 1 de septiembre de 2026. Sin embargo, el informe advierte que todavía es demasiado pronto para extraer conclusiones sobre la eficacia práctica a largo plazo de esta reforma.

ARGA plantea finalmente las garantías procesales como una cadena interdependiente: la notificación permite iniciar la defensa, la motivación determina qué debe impugnarse, el acceso a la información permite formular una respuesta sustancial, el control independiente verifica la posición de la autoridad y la ejecución convierte el resultado jurídico en un cambio real. El secreto, la urgencia y las consideraciones de política exterior pueden justificar determinadas particularidades del procedimiento, pero no sustituyen la necesidad de una base individualizada, verificable y jurídicamente controlable.