El informe D-10 analiza los procedimientos para excluir a personas físicas y jurídicas de las listas de sanciones de la Unión Europea y del Reino Unido. El estudio aborda los mecanismos administrativos y judiciales, los requisitos probatorios, los plazos procesales y las consecuencias prácticas de una impugnación exitosa.

Una de sus principales conclusiones es que la expresión «levantamiento de sanciones» puede referirse a resultados jurídicos diferentes. La anulación de una inclusión inicial, la no renovación de las restricciones, la modificación de los motivos, la obtención de una licencia o la corrección de una identificación errónea no producen los mismos efectos. Incluso una victoria judicial relativa a un período anterior no significa necesariamente que hayan desaparecido todas las restricciones vigentes.

En la Unión Europea, la persona afectada puede presentar observaciones y documentación ante el Consejo y recurrir actos concretos ante el Tribunal General. Ambas vías deben coordinarse cuidadosamente, ya que la correspondencia administrativa con el Consejo no suspende por sí misma el plazo para iniciar una impugnación judicial. En el Reino Unido, el procedimiento ordinario tiene otra estructura: primero puede solicitarse una revisión al ministro competente conforme a la section 23 de SAMLA y, posteriormente, la decisión resultante puede someterse a control judicial conforme a la section 38.

El informe presta especial atención al expediente probatorio. Cuando la inclusión se basa en el control de una empresa, deben analizarse los derechos reales de gestión, el beneficio económico y la influencia efectiva. Una venta formal de la empresa, la renuncia a un cargo o una modificación registral pueden no ser suficientes por sí solas. La documentación debe formar una cronología coherente que permita determinar qué relaciones cambiaron y si realmente dejaron de existir.

Los casos Aven, Fridman, Timchenko y Shvidler muestran además los límites de una victoria judicial y la importancia de definir con precisión el objeto jurídico de la impugnación. Una resolución favorable puede afectar únicamente a un acto o período concreto, mientras que una nueva inclusión o un fundamento diferente requieren un análisis independiente.

ARGA propone finalmente trabajar de forma continua con cinco elementos: fundamento jurídico, acto impugnado, período relevante, relación probatoria y resultado solicitado. El delisting no se presenta como un único acontecimiento, sino como un proceso en el que cada transición —desde nuevos hechos hasta la revisión, desde la anulación hasta el estatus actual y desde ese estatus hasta la recuperación de servicios bancarios o comerciales— debe acreditarse por separado.