Este informe analiza el riesgo sistémico mediante el cual las disputas comerciales, los conflictos regulatorios y las decisiones de gestión se transforman intencionadamente en procedimientos penales. El estudio examina cómo los mecanismos de persecución penal se convierten en herramientas de presión en los conflictos corporativos, socavando el estado de derecho y afectando negativamente el clima de inversión en los países de América Latina.

El análisis explora la tipología de la criminalización empresarial, centrándose en las desproporciones procesales y los mecanismos de coacción. El informe detalla los efectos secundarios de este fenómeno: desde el de-banking y la congelación de activos hasta la migración de capitales y la destrucción de la reputación corporativa. Se enfatiza que el uso del derecho penal como palanca en disputas comerciales genera riesgos a largo plazo para la estabilidad financiera y la confianza institucional.

Una parte significativa del trabajo está dedicada a las salvaguardias y la prevención de abusos. Proporciona un conjunto de recomendaciones para autoridades judiciales, fiscalías e instituciones de desarrollo destinadas a garantizar la proporcionalidad de las medidas adoptadas. El informe también analiza el papel de la Organización de los Estados Americanos en la configuración de la agenda regional y la protección de los estándares del estado de derecho necesarios para el desarrollo económico sostenible de la región.