Este informe examina los mecanismos de construcción de un marco probatorio artificial en conflictos corporativos y patrimoniales: contratos falsificados y cadenas documentales, pericias dependientes o limitadas, revelación selectiva de materiales, bloqueo del acceso a originales y metadatos, y asimetría procesal en la que una parte controla el rastro documental mientras la otra carece de herramientas reales de verificación. El estudio muestra por qué la falsificación de pruebas trasciende una disputa técnica sobre la autenticidad de un documento y afecta la arquitectura misma del juicio justo: igualdad de armas, principio de contradicción, derecho a interrogar a los peritos, independencia judicial y acceso a un recurso efectivo. El análisis jurídico se fundamenta en el artículo 14 del PIDCP, la Observación General n.° 32 del Comité de Derechos Humanos, los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura y la función de los abogados, así como las normas de las Naciones Unidas y la OCDE en materia de empresas y derechos humanos. El autor propone un modelo de defensa por etapas — desde la cartografía forense de la cadena probatoria hasta la traducción del litigio al lenguaje de los estándares internacionales de juicio justo y acceso a un recurso efectivo.