Este informe analiza la expansión de la responsabilidad legal a los intermediarios técnicos de la industria cripto, incluidos validadores, desarrolladores de protocolos y proveedores de nodos. La investigación se centra en el concepto de «facilitadores», que los reguladores internacionales utilizan cada vez más para asignar culpabilidad a los participantes que solo proporcionan la funcionalidad técnica de las redes. El autor detalla los riesgos de criminalización del código de software, el problema de la «neutralidad del protocolo» y las consecuencias de obligar a los actores de la infraestructura a realizar funciones de control financiero. Se presta especial atención a la amenaza a la descentralización y la soberanía tecnológica en un entorno donde la capa técnica de la cadena de bloques se convierte en una herramienta para la aplicación global y la censura de transacciones.
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