Este informe analiza de forma sistemática la arquitectura de la protección jurídica internacional en casos donde la persecución penal se entrelaza con un contexto político, represivo o cuasipolítico. Se examinan los principales niveles de protección: el asilo y la protección internacional conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la legislación europea actualizada (Reglamento 2024/1347 y 2024/1348), el principio de non-refoulement como barrera universal contra la transferencia de una persona a una jurisdicción peligrosa, y los mecanismos del sistema de Naciones Unidas — las comunicaciones individuales a los órganos de tratados (Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos), las apelaciones urgentes a través de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, el procedimiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) y el procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos. El autor demuestra por qué una protección eficaz en casos políticamente sensibles no puede depender de un único mecanismo, sino que requiere una estrategia multicapa en la que el asilo, las garantías de non-refoulement, los órganos de tratados, los procedimientos especiales y el GTDA operen en paralelo, compensando mutuamente sus limitaciones.