El informe analiza las diffusions de INTERPOL y los riesgos procesales derivados de la falta de coincidencia temporal entre la transmisión de una solicitud, su revisión, su utilización nacional y la posterior corrección de los datos. El problema central no es la ausencia de regulación, sino la distribución del control entre distintos niveles. Una misma información puede encontrarse simultáneamente en fases diferentes dentro de INTERPOL y de los sistemas nacionales, por lo que no basta con observar el estado final de una anotación para valorar todo el proceso.

El estudio presta especial atención a las wanted-person diffusions. En el procedimiento analizado, una solicitud puede ser enviada a determinados Oficinas Centrales Nacionales antes de que finalice la revisión de la NDTF, con una indicación de que su estado sigue siendo provisional. El informe explica por qué ese carácter provisional debería acompañar a la información cuando se utilice posteriormente. Recibir un mensaje no equivale a una aprobación definitiva, pero una revisión aún no concluida tampoco crea una prohibición universal de adoptar medidas nacionales cuando existe una base jurídica independiente.

El informe distingue tres niveles de responsabilidad: la fuente de los datos, INTERPOL y la CCF, y el Estado que utiliza la información para adoptar una medida concreta. La revisión dentro del sistema de INTERPOL no sustituye al control judicial nacional, y la eliminación de datos de INTERPOL no cancela automáticamente una orden nacional ni todas las copias ya creadas. Por ello, deben analizarse por separado el tipo de comunicación, su versión y estado de revisión, la base jurídica de la medida nacional y la forma en que cualquier corrección posterior fue comunicada y aplicada.

El análisis incluye cinco decisiones publicadas de la CCF relacionadas directamente con diffusions. Los resultados son diversos: eliminación por falta de concreción suficiente sobre la participación personal, eliminación condicional por deficiencias en las restricciones de acceso a la información y conservación con anotaciones sobre nuevos acontecimientos procesales. El informe subraya que la CCF examina la calidad y suficiencia de los datos para la cooperación policial internacional, pero no actúa como un tribunal penal ni determina la culpabilidad de la persona.

ARGA propone reforzar la trazabilidad de toda la cadena mediante un identificador y una versión del mensaje, la indicación del estado de revisión, el fundamento independiente de cualquier medida nacional urgente, las notificaciones de corrección y la confirmación de que esas correcciones han sido procesadas. El informe no plantea una prohibición general de la cooperación urgente antes de completar todas las revisiones. Su objetivo principal es que cada paso jurídicamente relevante pueda vincularse posteriormente con la información utilizada, la autoridad competente y la base legal correspondiente.