El informe analiza la práctica pública de la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF) y examina qué conclusiones pueden extraerse realmente de los informes anuales, las decisiones anonimizadas y las comunicaciones oficiales sobre el procedimiento. Su idea central es que el corpus público de la CCF no constituye un registro completo de todos los casos examinados. Permite estudiar determinados razonamientos jurídicos y cambios institucionales, pero no basta para calcular una tasa general de éxito, un plazo medio de resolución o la ejecución efectiva de cada decisión.

El estudio distingue varias dimensiones independientes de la transparencia: disponibilidad de las normas, acceso de los participantes a la información, publicación de la motivación jurídica, transparencia estadística y visibilidad de la ejecución. La mejora en una dimensión no demuestra necesariamente avances en las demás. Un mayor número de decisiones publicadas puede facilitar la comprensión del razonamiento de la Comisión sin permitir calcular la probabilidad de eliminación de datos ni determinar qué ocurrió después de una decisión concreta.

Una parte sustancial del informe analiza ocho decisiones publicadas entre 2023 y 2025 relacionadas con Red, Yellow, Green y Blue Notices, diffusions y las bases SLTD y SMV. La comparación muestra que la eliminación de datos, la conservación condicional, la corrección de un identificador, la conservación con anotación y la conservación sin cambios son resultados jurídicamente distintos. Por ello, no deben reducirse a una simple clasificación de “éxito” o “fracaso” ni describirse todos bajo la fórmula de cancelación de una búsqueda internacional.

El informe también estudia los límites de la interpretación estadística. Explica cómo los resultados dependen del numerador y del denominador utilizados, de la diferencia entre solicitudes recibidas, admisibles y cerradas y de los cambios en las definiciones de los informes. Los expedientes cerrados en un año pueden haber sido presentados anteriormente, mientras que las decisiones publicadas son seleccionadas y anonimizadas. Por tanto, ni su número ni su distribución permiten tratarlas como una muestra representativa de toda la práctica de la CCF.

La propuesta de ARGA se basa en una transparencia selectiva y verificable. Las publicaciones deberían conservar la estructura jurídica relevante del caso, identificar el objeto tratado, la cuestión resuelta, el tipo de resultado y la fase procesal, explicar los criterios de selección y los cambios en las definiciones estadísticas y, cuando sea posible, ofrecer información agregada sobre la ejecución. El objetivo es mejorar la posibilidad de control externo sin revelar la identidad de los solicitantes, información operativa sensible ni materiales confidenciales de procedimientos nacionales.