El informe D-27 analiza el sistema de justicia penal ruso a 24 de septiembre de 2026 desde dos perspectivas relacionadas: las estadísticas judiciales disponibles y los mecanismos jurídicos destinados a proteger las garantías procesales. El estudio presta especial atención a la libertad personal, el derecho de defensa, el control judicial, la revisión en casación y los mecanismos para corregir violaciones procesales.

Una de sus principales conclusiones es que las estadísticas agregadas no pueden convertirse automáticamente en un indicador de la calidad de la justicia. Los datos oficiales correspondientes a 2025 incluyen más de 34 millones de asuntos de todas las categorías examinados por los tribunales, aproximadamente 125.000 personas condenadas a prisión efectiva y un máximo del 5% de decisiones judiciales anuladas o modificadas. Sin embargo, estas cifras utilizan poblaciones y unidades diferentes y no permiten calcular por sí solas la probabilidad de una condena injusta, una detención ilegal o una vulneración del derecho de defensa. ARGA_D-27_Russia_Judicial_Stati…

El informe analiza especialmente la reforma de 2025 sobre prisión preventiva. El nuevo marco diferencia con mayor precisión las categorías de delitos, las circunstancias excepcionales y determinados grupos protegidos de acusados. En 2026, el Tribunal Constitucional también precisó las reglas aplicables a la prisión preventiva en ausencia del acusado cuando existe una orden federal de búsqueda y a los casos excepcionales en los que una persona acusada de un delito menor se ha sustraído deliberadamente al procedimiento.

La práctica del Tribunal Supremo ofrece ejemplos concretos de funcionamiento de estas garantías: un abogado que adoptó una posición contraria a la de su cliente, ausencia de asistencia profesional durante una audiencia de casación, vulneración de la confidencialidad de las deliberaciones judiciales y errores relacionados con las costas procesales. Estos casos confirman tanto la existencia de determinadas violaciones como el funcionamiento de mecanismos para corregirlas, pero no permiten establecer su frecuencia nacional. ARGA_D-27_Russia_Judicial_Stati…

La conclusión distingue tres niveles: el contenido del derecho procesal, el mecanismo disponible para restablecerlo y la evidencia empírica sobre su eficacia práctica. La legislación rusa establece numerosas garantías y las decisiones de los tribunales superiores concretan su alcance, pero los datos disponibles no permiten construir una única medida estadística de la equidad del proceso penal en Rusia.