Este informe de Observatoire ARGA y ARGA Atlas analiza cómo las acusaciones de corrupción, fraude y delitos económicos pueden utilizarse no solo como instrumentos legítimos de justicia penal, sino también como herramientas de presión, redistribución de activos, eliminación de opositores empresariales o políticos y generación de consecuencias jurídicas transfronterizas.

El informe presta especial atención a los casos en los que una acusación penal aparentemente neutral puede ocultar un conflicto corporativo, una disputa patrimonial, una motivación política o un interés abusivo del denunciante. Identifica indicadores procesales de posible abuso, como la persecución selectiva, el embargo desproporcionado de activos, las restricciones al derecho de defensa, la elección artificial de jurisdicción, el control judicial meramente formal y el uso prematuro de mecanismos de búsqueda internacional, extradición y asistencia jurídica mutua.

La publicación ofrece una matriz práctica de evaluación de riesgos para abogados, defensores de derechos humanos, tribunales, instituciones financieras y equipos de cumplimiento normativo. Su conclusión central es que los casos de corrupción y fraude deben evaluarse no solo por la calificación jurídica formal de la acusación, sino también por el contexto, la calidad de las pruebas, la independencia judicial, la proporcionalidad de las medidas y sus consecuencias internacionales reales.