El informe analiza las situaciones en las que una persona pierde el acceso a sus bienes antes de que exista una acusación penal formal. La ausencia de cargos no convierte automáticamente la congelación en ilegal, pero tampoco exime al Estado de identificar la base jurídica de la medida, su finalidad, alcance, duración y mecanismos de revisión. Para el propietario, la cuestión principal no es únicamente si existe un proceso penal, sino qué instrumento jurídico concreto ha limitado la posibilidad de disponer de los activos.

El estudio distingue cuatro posibles fuentes de restricción: el embargo penal, las medidas de preservación vinculadas a la confiscación civil, la congelación derivada de sanciones y las restricciones adoptadas por el propio banco. Estos mecanismos pueden coexistir y requieren vías de defensa diferentes. La eliminación de uno no implica necesariamente la desaparición de los demás. Por ello, el análisis práctico comienza con la identificación exacta de la resolución, la autoridad competente, los bienes afectados, la cantidad y las condiciones para poner fin a cada restricción.

El enfoque comparado abarca Francia, Inglaterra y Gales, la confiscación civil federal en Estados Unidos y los mecanismos europeos de reconocimiento mutuo. El informe examina las diferencias entre el embargo penal, las account freezing orders y la civil forfeiture, incluyendo las reglas de notificación, los plazos procesales, los niveles probatorios, la participación de terceros, el control judicial y el acceso a fondos para gastos esenciales. Se presta especial atención a la duración y proporcionalidad: una medida que pudo estar justificada inicialmente puede requerir una nueva evaluación con el paso del tiempo, especialmente cuando amenaza la continuidad de una empresa, impide cubrir gastos básicos de una familia o afecta a bienes cuyo valor supera ampliamente la cantidad que se pretende asegurar.

La parte práctica aborda las primeras actuaciones tras la congelación, la reconstrucción del origen de los fondos, las cuentas con fondos mezclados, la valoración de activos, los derechos de copropietarios y familiares, los gastos jurídicos y las medidas destinadas a preservar una empresa en funcionamiento. También se analizan las solicitudes extranjeras, las alegaciones de motivación política, las restricciones prolongadas y los criptoactivos, donde el alcance jurídico debe coordinarse con aspectos técnicos como la custodia, las redes, el número de tokens, los registros internos de las plataformas y las posibles restricciones del emisor.

La posición de ARGA parte de cuatro elementos que deben analizarse conjuntamente: la base jurídica de la medida, la conexión probatoria entre el activo y la finalidad legal, la proporcionalidad y la posibilidad real de ejecutar la solución solicitada. Una resolución judicial favorable no resuelve completamente el problema si el banco u otro ejecutor no puede identificar con precisión qué cuenta, cantidad u operación debe liberarse. El resultado final debe medirse por el restablecimiento efectivo del acceso permitido a los activos, y no únicamente por la modificación formal o el levantamiento de una resolución.