El informe aborda la recuperación de activos como una secuencia de etapas jurídicas independientes y no como un único acto. La identificación de un bien, una condena penal, la existencia de una transferencia sospechosa o la acreditación de una pérdida no significan por sí solas que un activo determinado pueda ser legalmente confiscado y entregado a una víctima. Entre la localización del patrimonio y su devolución efectiva existen fases distintas: preservación, resolución de la controversia, examen de los derechos de terceros, reconocimiento, realización y distribución.

El estudio compara tres vías principales: el decomiso penal, el decomiso sin condena y las acciones civiles. Tomando como principales sistemas de referencia Inglaterra y Gales, Estados Unidos y Francia, analiza las diferencias en cuanto al objeto de la prueba, la carga y el estándar probatorio, las presunciones y las garantías procesales. Los instrumentos europeos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción completan el marco internacional. Una conclusión central es que estos mecanismos no pueden compararse únicamente mediante una escala de estándares de prueba “más altos” o “más bajos”. La legitimación del demandante, la relación jurídica con el activo, una presunción concreta, los derechos de terceros o las restricciones sobre el uso de determinadas pruebas pueden resultar decisivos.

Una parte sustancial del informe está dedicada a la construcción práctica de la prueba. Se analizan registros bancarios, reconstrucción financiera y tracing, documentos electrónicos, fuentes abiertas, transacciones en blockchain, testigos e informes periciales. El estudio insiste en diferenciar el hecho observado de la conclusión posterior: una transferencia bancaria no determina necesariamente la naturaleza jurídica del pago, una dirección de criptomonedas no identifica por sí sola a su propietario y una relación financiera entre fondos controvertidos y un activo no garantiza la existencia de un derecho patrimonial vigente sobre ese bien.

El informe también examina los mecanismos de obtención de pruebas en Francia y Estados Unidos, la cooperación internacional, las medidas cautelares, la ejecución de decisiones extranjeras y los derechos concurrentes de copropietarios, acreedores garantizados y adquirentes. Explica por qué el decomiso realizado por un Estado no genera automáticamente un derecho de pago para una víctima privada y por qué un activo localizado puede seguir siendo jurídica o económicamente inaccesible para su recuperación.

El modelo práctico de ARGA parte de un mapa jurídico del caso y de una matriz probatoria: quién está legitimado para reclamar, contra quién, qué resultado se pretende, qué hechos deben acreditarse, dónde se encuentran las pruebas y qué objeciones previsibles deben considerarse. La eficacia de la recuperación debe medirse no por la cantidad nominal bloqueada o reconocida en una sentencia, sino por el valor efectivamente realizado y transferido de forma legal al beneficiario correspondiente, una vez considerados los costes y los derechos de terceros.