Una comunicación de INTERPOL no constituye por sí sola una orden internacional de detención. Sus efectos coercitivos dependen del derecho interno del Estado en el que se encuentre la persona buscada. Por ello, una misma alerta internacional puede dar lugar a procedimientos considerablemente diferentes en México y Argentina.

El informe analiza toda la cadena procesal: desde la localización de la persona y la restricción de su libertad hasta la extradición, la protección internacional y la eventual eliminación de datos de los sistemas de INTERPOL. En México, el procedimiento implica principalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez federal competente. Tras la opinión judicial, corresponde a la SRE decidir si concede o deniega la extradición. El amparo constituye, además, un mecanismo fundamental para impugnar determinadas actuaciones y, cuando corresponda, impedir la entrega física mientras se resuelve el procedimiento.

Argentina utiliza una estructura diferente. La Ley n.º 24.767 vincula expresamente determinadas comunicaciones de INTERPOL con la detención provisional, pero establece requisitos sobre su contenido, el control judicial inmediato y los plazos para recibir la solicitud formal de extradición. La declaración judicial de admisibilidad de la extradición tampoco debe confundirse con la posterior etapa ejecutiva ni con la entrega efectiva de la persona.

El informe presta especial atención al asilo, al estatuto de refugiado y al principio de no devolución. Las reformas argentinas de 2024 y 2025 introdujeron cambios importantes, incluida una vía acelerada para determinadas solicitudes de protección presentadas durante procedimientos de extradición. México, por su parte, distingue jurídicamente entre reconocimiento de la condición de refugiado, protección complementaria y asilo político.

La conclusión práctica central es que un «caso INTERPOL» comprende varias cuestiones jurídicas independientes: la legalidad del tratamiento de datos por INTERPOL, la base nacional de la detención, la admisibilidad de la extradición y la prohibición de entregar a una persona cuando exista riesgo de tortura u otros tratos prohibidos. Un resultado favorable en una de estas vías no resuelve automáticamente las demás. Por ello, la eliminación de datos de INTERPOL, la puesta en libertad, la negativa a extraditar y la corrección de registros nacionales deben comprobarse por separado.