Este informe examina el uso de los mecanismos del derecho penal no para la persecución legítima de delitos, sino como palanca de presión corporativa, patrimonial y negociadora sobre las empresas. Se analizan los indicadores jurídicos y fácticos de la persecución artificial: un núcleo de derecho privado en el conflicto, la criminalización tardía tras una disputa comercial, medidas procesales desproporcionadas, una individualización débil de los cargos, presiones sobre los abogados defensores y la presencia de intereses comerciales o de corrupción externos. El estudio aborda la deformación de las garantías del juicio justo (artículo 14 del PIDCP), el uso de la detención arbitraria como herramienta de coerción comercial (artículo 9 del PIDCP, práctica del GTDA), las violaciones de las normas internacionales sobre la independencia de la defensa, así como la dimensión corruptiva e institucional del problema a la luz de la CNUCC y las Directrices de la OCDE sobre conducta empresarial responsable. El autor propone un modelo de defensa multinivel — desde la calificación de la naturaleza del litigio y la documentación de las violaciones procesales hasta la activación de mecanismos internacionales: órganos de tratados de Naciones Unidas, GTDA, procedimientos de asilo y garantías de non-refoulement.