El informe analiza uno de los problemas más complejos del cumplimiento normativo en el ámbito de los criptoactivos: cómo distinguir una negativa legítima a prestar servicios financieros de una restricción injustificada aplicada a un cliente cuyo estatus jurídico plantea cuestiones adicionales. La expresión «estatus controvertido» puede abarcar circunstancias muy diferentes, como una coincidencia con una lista de sanciones, procedimientos penales en otro país, una notificación de INTERPOL, la condición de persona políticamente expuesta, un procedimiento de asilo, un conflicto societario, dudas sobre el origen de los fondos o información errónea en una base de datos comercial. El análisis parte de que estas situaciones no deben reducirse a una única categoría de «alto riesgo», ya que cada una exige su propia valoración jurídica y probatoria.

El informe presta especial atención a los límites de MiCA. La autorización de un proveedor conforme a MiCA implica obligaciones relacionadas con su organización, la protección de activos, el trato a los clientes y la gestión de reclamaciones, pero no concede a cualquier persona un derecho incondicional a obtener servicios de criptoactivos. Al mismo tiempo, MiCA convive con las obligaciones de PBC/FT, los regímenes de sanciones, las normas sobre información en las transferencias y el RGPD. El estudio aborda el control de sanciones, las restricciones aplicables a determinados ciudadanos rusos y las excepciones vinculadas a la residencia, la documentación relacionada con la protección internacional, los datos de INTERPOL, el origen de los fondos, las direcciones autocustodiadas, el análisis de blockchain y los sistemas automatizados de evaluación de riesgos.

La parte práctica desarrolla un procedimiento estructurado para revisar las restricciones. Primero deben identificarse el proveedor y el servicio concreto, así como la causa real de la medida. Después es necesario separar una prohibición jurídica obligatoria de un riesgo gestionable, una insuficiencia probatoria o una política comercial. Las pruebas aportadas por el cliente deben evaluarse en relación con la cuestión específica que pretenden resolver, y la aparición de nueva información relevante debe permitir una revisión efectiva. También se examinan la devolución legal de activos tras la terminación de la relación, la corrección de datos erróneos, la intervención humana en decisiones automatizadas y la elección de la vía adecuada para presentar una reclamación.

La posición de ARGA combina la aplicación efectiva de las sanciones y de las obligaciones de PBC/FT con una evaluación individual y mecanismos reales de corrección. El acceso financiero no implica el derecho a exigir una operación prohibida, pero un perfil complejo tampoco debe convertirse automáticamente en prueba de que los activos tienen un origen ilícito. El modelo propuesto permite diferenciar entre una restricción obligatoria, un error, una carencia de pruebas, un riesgo no gestionable y una decisión comercial, estableciendo para cada supuesto un procedimiento definido de revisión.