El informe analiza situaciones en las que una persona o empresa no figura en listas de sanciones, pero aun así sufre restricciones bancarias, retrasos en operaciones, cierre de cuentas o negativa a prestar servicios. La idea central es que no aparecer en una lista de sanciones no garantiza por sí solo el acceso al sistema financiero. Las restricciones pueden derivarse de los participantes en una operación, de la estructura de propiedad, de obligaciones de PBC/FT, de errores de identificación, de dudas sobre el origen de los fondos o de la propia política comercial del banco.

El estudio parte de identificar con precisión qué ha sido limitado: una transferencia concreta, las operaciones de débito, el acceso al saldo, la apertura de una nueva cuenta o la relación bancaria en su conjunto. A continuación distingue cinco fundamentos principales: congelación obligatoria de activos, prohibición de una operación específica, revisión PBC/FT, error de identificación y terminación contractual. Cada supuesto exige pruebas y soluciones diferentes. Una falsa coincidencia requiere corregir el perfil, una revisión incompleta exige aclarar la información faltante y una prohibición jurídica efectiva obliga a analizar excepciones, licencias u otras vías legales.

El informe presta especial atención a la evaluación individual del riesgo y al fenómeno de de-risking. Explica cómo las alertas automáticas, la nacionalidad, las noticias adversas, la condición de PEP o los elevados costes de cumplimiento pueden generar exclusión financiera en la práctica. El enfoque basado en riesgo no obliga a un banco a aceptar cualquier relación, pero sí requiere considerar si el problema identificado puede gestionarse mediante documentación adicional, servicios limitados, notificación previa de determinadas operaciones u otros controles proporcionados.

Las secciones prácticas abordan coincidencias erróneas de nombres, información desactualizada en bases comerciales, source of funds y source of wealth, grandes transferencias internacionales, intermediarios y pagos retenidos. También se estudian las cuentas de pago básicas en el derecho de la Unión Europea y el procedimiento francés droit au compte, tanto para particulares como para empresas y asociaciones. Francia se analiza con especial detalle, junto con comparaciones con Reino Unido y Estados Unidos y las distintas vías de reclamación y protección judicial.

La posición de ARGA es que una restricción bancaria excesiva debe demostrarse a través de un defecto concreto: aplicación de un régimen incorrecto, error de identificación, falta de consideración de una excepción, extensión injustificada de un problema puntual a todos los servicios o un fallo procesal. La protección eficaz debe vincular cada fundamento con las pruebas pertinentes y con una solución realista. El éxito debe medirse por las funciones efectivamente recuperadas — acceso a la cuenta, a los fondos, a los pagos y a los servicios bancarios esenciales — y no únicamente por una comunicación formal que declare concluida la revisión.