El informe analiza los procedimientos para solicitar la exclusión de personas y entidades de las listas de sanciones de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Su idea central es que el delisting no consiste simplemente en alegar inocencia, demostrar las graves consecuencias de las sanciones o invocar una buena reputación. En muchos regímenes, la inclusión en una lista no depende de una condena penal. Por ello, una estrategia eficaz debe responder directamente al criterio jurídico utilizado para imponer la medida y demostrar que nunca se cumplió, que ha dejado de cumplirse debido a un cambio de circunstancias o que la decisión estuvo afectada por un incumplimiento procesal relevante.

El estudio compara las vías administrativas y judiciales disponibles en las tres jurisdicciones. En Estados Unidos examina la reconsideración por parte de OFAC, el acceso a los materiales disponibles, las solicitudes adicionales de información y el posible control judicial. En Reino Unido analiza las diferentes funciones del FCDO, los ministros y OFSI, así como el sistema de revisión judicial. Respecto de la Unión Europea, estudia la revisión por el Consejo, los recursos ante el Tribunal General, la renovación de las medidas restrictivas y las medidas provisionales. Un elemento esencial es que una decisión favorable en una jurisdicción no elimina automáticamente las sanciones impuestas por otra.

El informe distingue tres líneas principales de impugnación: error inicial, cambio posterior de circunstancias y defecto procesal. Cada una necesita su propia base probatoria. Una dimisión, la venta de una participación, un cambio en la estructura de gobierno o el cese de financiación deben demostrarse mediante su ejecución efectiva y no únicamente con documentos formales. También deben examinarse posibles facultades que se mantengan, beneficios económicos, derechos de firma, contratos y otros mecanismos de influencia. Cuando la designación se basa en varios criterios independientes, cada fundamento suficiente debe ser tratado por separado.

Asimismo, el informe diferencia entre la exclusión de la lista, la concesión de una licencia, la anulación judicial de un acto concreto y la corrección de una identificación errónea. La autorización de una operación específica no equivale al levantamiento de las sanciones, y la anulación de una medida anterior puede no afectar a actos posteriores. Incluso después del delisting, determinados activos pueden seguir bloqueados por otro régimen de sanciones, una orden judicial o una evaluación independiente de PBC/FT realizada por una entidad financiera.

El enfoque práctico de ARGA se basa en una matriz que relaciona el criterio jurídico, el hecho alegado, la prueba y la respuesta, complementada por una cronología común y calendarios procesales separados para cada jurisdicción. La conclusión principal es que el éxito del delisting debe medirse por sus efectos reales y no únicamente por el contenido favorable de una resolución: debe verificarse la modificación de la inscripción oficial, el acceso efectivo a los activos, la posibilidad de ejecutar las operaciones permitidas y la identificación de cualquier restricción que continúe vigente.