El informe analiza cómo las normas sobre propiedad y control pueden extender las sanciones financieras más allá de las personas y entidades expresamente incluidas en las listas. Una empresa puede no estar formalmente designada y, aun así, ver restringidos sus activos u operaciones debido a su estructura de propiedad, sus mecanismos de gobierno o la influencia efectiva de una persona sancionada. Sin embargo, una misma estructura corporativa puede producir resultados jurídicos diferentes en Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido.

El estudio compara tres enfoques. En Estados Unidos, el marco de OFAC se centra en la propiedad directa o indirecta agregada del 50% o más por parte de personas bloqueadas, mientras que el control sin alcanzar ese umbral no produce por sí solo un bloqueo automático bajo la regla del 50%. En la Unión Europea, el análisis combina criterios de propiedad con criterios independientes de control y la posibilidad de refutar determinadas presunciones. En Reino Unido, además de las acciones y los derechos de voto, se examinan las facultades para nombrar administradores y la capacidad de determinar cómo se gestionan los asuntos de la empresa.

El informe presta especial atención a la propiedad indirecta y a la gestión real. Explica por qué una simple multiplicación de porcentajes económicos no siempre reproduce el resultado jurídico y por qué un registro mercantil no basta para demostrar el control. Entre los elementos relevantes se encuentran los derechos de nombramiento y destitución, la aprobación de presupuestos, las facultades bancarias, la financiación, los acuerdos entre accionistas y los mecanismos de distribución de beneficios económicos.

También se analizan los casos Mints, Litasco y EM System, junto con el ejemplo histórico de la exclusión de En+, Rusal y EuroSibEnergo de las sanciones estadounidenses tras cambios en su propiedad y gobierno corporativo. Estos ejemplos permiten distinguir entre control probado y simples suposiciones, evaluar reestructuraciones societarias y comprobar si los cambios formales han eliminado realmente los mecanismos de influencia existentes.

El enfoque práctico de ARGA sigue una secuencia definida: identificar a la persona, determinar el régimen de sanciones aplicable, establecer los derechos de propiedad, analizar la gestión efectiva, definir el activo o la operación afectados y seleccionar el procedimiento adecuado de revisión. El expediente debe permitir seguir de forma verificable la relación entre los hechos corporativos y la consecuencia sancionadora concreta. La conclusión principal es que la propiedad y el control deben evaluarse respecto de una entidad, un régimen jurídico, una fecha y una operación determinados, y no a partir de una idea general sobre el origen del negocio o su relación con una persona sancionada.